Tratados Comerciales y Política Energética

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Las medidas tomadas en esta materia, han provocado fricciones con el marco jurídico, las expectativas económicas y la dinámica sectorial heredados de la reforma energética

 

Fluvio Ruíz Alarcón

 

En nuestro país, durante los últimos treinta años, se le otorgó una evidente preponderancia a las políticas públicas relacionadas con la liberalización económica interna y su inserción en la economía global. Esta orientación de la política económica de los gobiernos que se sucedieron desde los años ochenta del siglo pasado y hasta la administración anterior; se caracterizó por la subordinación, cuando no el desmantelamiento, de diversas formas institucionales o codificaciones sociales que durante décadas habían sido componentes fundamentales en la estructuración de las relaciones políticas, económicas y sociales del régimen forjado por la Revolución Mexicana.

Una de las manifestaciones concretas de la primacía del pensamiento neoliberal en el diseño de las políticas públicas, fue la importancia estratégica acordada a la firma de tratados comerciales.

Con la llegada al poder de un gobierno que pretende ser la expresión de un nuevo bloque hegemónico, se ha modificado la naturaleza, jerarquización y orientación de las políticas públicas en ámbitos diversos de la realidad nacional. En particular, la política energética se ha convertido en una de las componentes fundamentales de la política económica del actual gobierno. Las medidas tomadas en esta materia, han provocado fricciones con el marco jurídico, las expectativas económicas y la dinámica sectorial heredados de la reforma energética.

En ese contexto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió darle la razón a la Cofece en la controversia constitucional que interpuso contra el Acuerdo de Confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional emitido por la Sener el año pasado. Asimismo, algunos actores han obtenido amparos contra el Acuerdo de la misma Sener, del pasado 26 de diciembre, en materia de permisos de importación y exportación de hidrocarburos y petrolíferos. Estos hechos, muestran el límite de reorientar la política energética a través de instrumentos administrativos inscritos en el marco jurídico vigente.

La consolidación de la nueva política energética requiere de un nuevo diseño institucional, el cual pasa necesariamente por modificaciones legales e incluso constitucionales. De lograrse construir una arquitectura sectorial que concite el apoyo político y social suficiente, como para reformar la Constitución y la legislación secundaria, esta tendría aún que sortear el altísimo muro de los tratados comerciales firmados por México.

En el caso del T-MEC, el capítulo 8 reconoce el dominio directo y la propiedad inalienable e imprescriptible de México sobre sus hidrocarburos, así como «su derecho soberano de reformar su Constitución y su legislación interna». Sin embargo, esta potestad se encuentra acotada en el capítulo 32: el artículo 32.11 señala que con «respecto a las obligaciones en el Capítulo 14 (Inversión), el Capítulo 15 (Comercio Transfronterizo de Servicios) y el Capítulo 22 (Empresas Propiedad del Estado y Monopolios Designados), México se reserva el derecho de adoptar o mantener una medida con respecto a un sector o subsector para el cual México no haya tomado una reserva específica en sus Listas a los Anexos I, II y IV de este Tratado, solo en la medida en que sea compatible con las medidas menos restrictivas que México pueda adoptar o mantener conforme los términos de las reservas aplicables y las excepciones a obligaciones paralelas en otros tratados comerciales y de inversión que México ha ratificado, antes de la entrada en vigor de este Tratado, incluido el Acuerdo sobre la OMC, sin importar si esos otros tratados han entrado en vigor».

Las medidas menos restrictivas a las que se refiere el capítulo 32, serían las negociadas por México en el marco del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT), cristalizando el marco regulatorio del sector energético y protegiendo inversiones extranjeras. También estarían contenidas en forma aún más explícita, en el tratado que esta administración renegoció con la Unión Europea y que está en vías de ser aprobado.

¿Significa todo esto que a México no le queda más remedio que denunciar los principales tratados que ha firmado o resignarse a manejar su sector energético dentro de los estrechos límites que ellos le permiten? Yo estoy convencido que no. La alternativa está en diseñar una nueva arquitectura institucional, forjada colectivamente y con la legitimidad social que daría un debate amplio, franco, informado e incluyente, con el objeto de hacer los cambios constitucionales y legislativos necesarios para darle estabilidad, soporte social y coherencia de conjunto a la política energética. Nuestro país no quedaría exento de controversias legales ni de demandas económicas. Sin embargo, en el largo plazo, los beneficios para la Nación y nuestra sociedad, por mucho, valdrían la pena. Como, sin duda, valieron la pena la expropiación petrolera y la nacionalización de la industria eléctrica.

Al final de cuentas, como dijera Salvador Allende, «la Historia es nuestra y la hacen los pueblos».

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