Soberanía energética, prioridad legislativa

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Soberanía energética, prioridad legislativa – El presidente de la Comisión de Energía, Manuel Rodríguez, y el líder del Congreso, Mario Delgado, artífices del incremento presupuestal del 12.94% a este rubro.

Con la autorización para este ejercicio 2019 de un incremento de casi 13% al presupuesto de egresos asignado al rescate del sector energético, uno de los pilares en que se sustenta la cuarta transformación impulsada por el gobierno federal, la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados le dio viabilidad financiera a Pemex y CFE para emprender grandes proyectos orientados a recuperar la soberanía en este rubro.

El diputado tabasqueño Manuel Rodríguez González, presidente de esa Comisión legislativa, y el líder del Congreso Mario Delgado Carrillo, fueron los artífices de esta iniciativa que les permitió a las empresas productivas del Estado recibir un presupuesto de un billón 133 mil 850 millones de pesos, sumando recursos extraordinarios por 164 mil 837 millones de pesos para apalancar financieramente a Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad e iniciar la construcción de la refinería de Dos Bocas en Paraíso, Tabasco.

En un evento en el que rindió un informe de los avances alcanzados en la Comisión de Energía de la LXIV Legislatura federal, Manuel Rodríguez consideró como la acción más importante de su primer año de actividad legislativa, la aprobación del incremento presupuestal de 12.94 por ciento al sector energético nacional.

Ante el presidente de la Junta de Coordinación Política, el diputado tabasqueño enlistó una serie de importantes decisiones legislativas en las que ha participado directamente y que le han dado forma al gobierno de la Cuarta Transformación.

Después de destacar la tarea sustantiva de la Comisión de Energía y su papel en la asignación de presupuesto al sector energético, señaló que en materia económica el Poder Legislativo federal eliminó cualquier tipo de partidas secretas en el Presupuesto de Egresos de la Federación, advirtiendo que a partir de ahora no se utilizarán los recursos de los contribuyentes de manera discrecional y prevalecerán los principios de máxima publicidad y transparencia.

“Con la aprobación de la Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana, se aprobaron tres grandes beneficios para la sociedad: Primero, la eficiencia en la creación y ampliación de las empresas junto con la extinción de la burocracia. Segundo, la eliminación de visitas domiciliarias y con ello el coyotaje y la corrupción. Tercero, el apoyo al fisco informando sobre empresas que no estén cumpliendo con sus obligaciones fiscales”, subrayó.

Hizo referencia puntual al aumento de las penas, sanciones, a quienes expiden o enajenan comprobantes fiscales falsos, por lo que se dedican a estos negocios deberán pensarlo dos veces antes de defraudar al pueblo de México con estas acciones que golpean la hacienda pública y dio por hecho que se están acabando las prácticas fraudulentas.

Rodríguez González se refirió a la simulación y la opacidad que tanto daño ha causado al país. La LXIV legislatura federal legisló para extinguir dos instituciones que se caracterizaron por su opacidad, dijo y mencionó al Consejo de Promoción Turística y el Instituto Nacional del Emprendedor, con lo que se eliminó la duplicidad de funciones, el desvío de recursos a los intermediarios corruptos y las prácticas clientelares.

Sobre el sistema financiero mexicano, el diputado federal tabasqueño mencionó que se reformó la ley en la materia para ponerlo al servicio de los más vulnerables.

Ahora es posible que las AFORES amplíen su gama de productos financieros con rendimientos mas altos para favorecer el ahorro de los trabajadores; también, la creación de un nuevo Banco del Bienestar al que tendrán acceso los mexicanos más vulnerables y están trabajando para crear la Financiera Nacional Agropecuaria.

Rodríguez González hizo hincapié en la importancia de la Ley de Austeridad Republicana, presentada por él ante el pleno a nombre de la bancada de Morena el 11 de septiembre de 2018 y aprobada el 30 de abril de ese mismo año.

Esta ley incorpora la austeridad como principio de la administración y eje estratégico del gasto público del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, terminando con privilegios y derroches en la programación y ejecución del gasto con honradez, eficacia y transparencia.

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