El sostenido pero acotado apoyo a Pemex

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El pasado 6 de diciembre, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) hizo pública una “estrategia de apoyo en favor de la sostenibilidad de Petróleos Mexicanos”. Conforme a dicha estrategia, la SHCP informó que se han priorizado tres grandes retos estructurales que, desde su perspectiva, “han deteriorado la situación financiera de la Empresa y sus capacidades de producción: i) una alta carga fiscal, muy superior a la de cualquier empresa petrolera en el mundo; ii) un alto nivel de deuda financiera y altos requerimientos de flujo para cubrir el costo financiero; y, iii) falta de recursos para ejecutar las inversiones de capital necesarias para mantener los niveles de producción requeridos”. En ese sentido, la SHCP anunció la voluntad gubernamental de conseguir tres objetivos:

  • Reducir la carga fiscal de la Empresa. En específico, la disminución del Derecho de Utilidad Compartida (DUC) de 52% a 40%;
  • Reducir la deuda de Petróleos Mexicanos a través de aportaciones patrimoniales del Gobierno Federal, utilizando excedentes de liquidez;
  • Reducir el riesgo de refinanciamiento de Pemex utilizando y potenciando aportaciones patrimoniales del Gobierno Federal para operaciones de manejo de pasivos.

En ese contexto, Petróleos Mexicanos anunció una operación de recompra y manejo de pasivos, enfocada principalmente “en la parte corta y media de la curva de rendimientos de la Empresa, con los objetivos de reducir el riesgo de refinanciamiento y el monto de la deuda”. Asimismo, se dio a conocer que el Gobierno haría una aportación patrimonial hasta por 3,500 millones de dólares.

Adicionalmente, se informó de la puesta en marcha de medidas como la reformulación del Plan de Negocios de Pemex para fortalecer su posición financiera en el mediano y largo plazo, así como para prepararla frente a los retos futuros del sector; la implementación de mecanismos y estructuras financieras que permitan la coinversión en proyectos de exploración y extracción de crudo (¿relanzamiento de los farm outs?) y el mejoramiento de la estructura de la deuda de la Empresa Productiva del Estado; y modificaciones en la estructura corporativa y la Dirección de la Empresa, “encaminados a lograr la consecución de los objetivos planteados, así como lograr los consensos necesarios dentro y fuera de la Empresa para estos fines.”

Sin duda, este conjunto de medidas constituye el paquete de apoyo gubernamental a Petróleos Mexicanos más sólido en lo que va de la presente administración. Sin embargo, incluso en el mero plano fiscal y presupuestal, podría haberse ampliado con medidas como la urgente revisión de los límites de deducción que tiene Pemex en las diversas zonas de complejidad geológica que ya distingue la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, así como la definición de otras (campos maduros, aguas ultraprofundas, yacimientos no convencionales distintos al paleocanal de Chicontepec); el otorgamiento a Pemex de los mismos beneficios fiscales que disfrutan ciertos contratistas (exención limitada del pago del DUC por el uso de hidrocarburos de autoconsumo para actividades petroleras, un porcentaje de recuperación de costos en la inversión en exploración); eliminación del dividendo estatal, creación de un régimen fiscal específico para el gas natural no asociado o la modificación del reparto de ingresos excedentes para que un porcentaje se destine directamente a la inversión productiva en Pemex.

Además de estos apoyos fiscales, financieros y presupuestales, tal vez sería un buen momento para que el Gobierno y su mayoría legislativa, plasmaran en el marco jurídico del sector de hidrocarburos, algunos elementos centrales de la política petrolera que, por el momento, se han implementado a partir de medidas coyunturales. Por ejemplo:

  • Eliminar el carácter excepcional de las Asignaciones e incorporar consideraciones geopolíticas y de seguridad nacional en la arquitectura y dinámica sectoriales.
  • Establecer que el otorgamiento de Asignaciones a Pemex, no debe necesitar la autorización de la Comisión Nacional de Hidrocarburos.
  • Precisar que la producción nacional de petróleo, pública o privada, tendrá como destino primordial, satisfacer las necesidades de la demanda interna.
  • Puntualizar que las alianzas entre Pemex y otras empresas petroleras, se harán privilegiando los sitios donde sean necesarias para compartir riesgos geológicos, tener acceso a nuevas tecnologías, formar cuadros técnicos, mejorar la capacidad de gestión o aprender a operar en condiciones geológicas distintas a las de nuestro país.
  • Permitir que las alianzas de Pemex sean aprobadas exclusivamente por su Consejo de Administración, conforme a los criterios de idoneidad del potencial aliado, transparencia en el proceso y rendición de cuentas; que el mismo Consejo emita.
  • Mandatar que el crudo que corresponda al Estado mexicano, en los contratos de producción compartida, sea comercializado exclusivamente por Pemex a través de su filial PMI.

Apuntalar el apoyo económico con medidas de índole institucional, colocaría con mayor vigor a Pemex en el sendero de la sustentabilidad de largo plazo.

Por Fluvio Ruíz Alarcón

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